Imagen creada en la IA
El ejercicio del gobierno no se agota en la firma de decretos ni en la toma de fotografías para alimentar las redes sociales institucionales. Comunicarle a una ciudad lo que se hace, cómo se ejecutan sus impuestos y de qué manera la ciudadanía puede acceder a sus derechos es una obligación legal y ética fundamentada en la transparencia pública. Sin embargo, cuando la comunicación oficial se reduce a la improvisación y al folclor, lo que se vulnera no es un gremio, sino el derecho fundamental de la comunidad a estar informada con rigor.
Sostener una empresa informativa y hacer periodismo de calle de domingo a domingo le otorga a quien hoy redacta estas líneas la solidez de hablar sobre una realidad que se conoce de cabo a rabo. No se opina aquí desde el atrevimiento o la ignorancia de los opinadores de turno, sino desde la trinchera real de quien padece la opacidad del poder. Lo que ocurre en la capital boyacense con la gestión de la información no es un asunto menor; es la muestra palpable de una administración que carece de estrategia y desprecia la pedagogía ciudadana.
Días atrás, el viernes 18 de septiembre en las instalaciones del auditorio CREM, la administración municipal convocó a la mesa de diagnóstico sectorial con gremios y medios de comunicación, en el marco de la estrategia participativa ‘Tu voz construye el plan’. El ejercicio, que buscaba reunir a actores productivos como Camacol, Acopi, Fenalco, Asobares y la Cámara de Comercio de Tunja para evaluar lo que funciona, lo que debe corregirse y lo que sale mal, fue destacado en su momento por este medio como una muestra de apertura cívica (https://www.facebook.com/share/p/1H5F6dZukv/). Sin embargo, la presencia del gremio periodístico en dicha jornada fue un retrato incontestable de nuestra propia decadencia. A pesar de que en Boyacá se cuentan en el papel hasta cinco agremiaciones de prensa, la representación gremial y asociativa brilló por su ausencia. Al recinto acudimos apenas cuatro periodistas por cuenta e iniciativa propia: ¡Cuatro!
Allí, fui yo personalmente quien tomó la palabra ante el alcalde Rafael Acevedo Pedroza y su equipo de trabajo para exponer, con un alto nivel de detalle y sin anestesia, la radiografía real del sector. Les dije de frente que en Tunja opera una verdadera mafia comunicativa que desangra los recursos de la ciudad. Les expliqué que el inventario oficial de medios, que maneja la Alcaldía de Tunja, es una ficción construida sobre portales fantasma y métricas falsas, y denuncié la forma injusta en que se asfixia la pedagogía pública mientras se recompensa al complaciente. El mandatario y sus acompañantes escucharon con atención, asintieron con la cabeza frente a la contundencia del diagnóstico, prometieron articulación y aseguraron que se tomarían cartas en el asunto.
Toda esa escenografía de concertación cívica resultó ser una completa farsa. De nada sirvió entregarle al alcalde en su propia cara el diagnóstico detallado de todo lo que su gobierno está haciendo mal en materia de comunicación y pedagogía ciudadana. Escucharon, asintieron para la foto y prometieron corregir el rumbo, pero en la práctica prefirieron tirar todo a la caneca de la basura y mantener intactos los mismos vicios. Noticias de enorme calado social —como la entrega de 23 apartamentos en Estancia El Roble o el anuncio del sistema de vigilancia con drones— siguieron manejándose con la misma torpeza, pretendiendo agotar la divulgación pública con un boletín plano y un video para las redes de la Alcaldía, demostrando que la promesa de cambio duró lo que tardó en apagarse el micrófono esa tarde de viernes perdida en el CREM.
En aquella mesa se expuso la urgencia de aplicar una verdadera meritocracia y un criterio de competencia real en la administración de lo público. No de esa narrativa deformada que pretende igualar hacia abajo, premiando la ineficiencia y confiscando el mérito de quien produce para repartírselo al que nada hace, sino del reconocimiento auténtico que premia el esfuerzo, la inversión en calidad, la generación de empleo periodístico y el impacto probado en la ciudadanía. La política de divulgación en Tunja ha degenerado en un esquema asistencialista profundamente comunistoide, enfocado en «darle a todos» en porciones iguales para evitar el descontento, imponiendo una igualdad absurda donde no existe y repartiendo miseria presupuestal entre quienes trabajan seriamente y quienes parasitan del erario.
El gran problema de fondo es que ese universo de «todos» se ha convertido en una cifra gaseosa, fraudulenta e imposible de sustentar técnicamente. La Alcaldía de Tunja insiste en registrar en sus archivos la existencia de 67 medios de comunicación en la capital boyacense. Una cifra que no resiste el menor análisis ni la constatación en las calles. En la respuesta formal a un derecho de petición anónimo, la propia entidad confiesa por escrito y con asombrosa desenvoltura que «por el momento no existe un documento de consulta a nivel general, debido a que se realiza de manera discrecional». Semejante confesión oficial es el retrato escrito de la improvisación: la admisión explícita de que la administración opera a ciegas, convirtiendo el favoritismo y la arbitrariedad en la única norma de su gestión.
El análisis detallado de ese documento oficial saca a la luz una comedia de engaños que la administración valida ciegamente sin auditar las pantallas ni verificar la realidad. El ejemplo más escandaloso y rastrero lo encarna la doble facturación de personajes que operan por punta y punta bajo nombres distintos, como ocurre con las marcas de Cabos y Puntas y la Revista Hunza. Un mismo gestor que cobra del erario por partida doble con un portal sin tráfico real y una publicación impresa que nadie lee ni encuentra en las calles de Tunja, inflando métricas de visitas y acreditando la elaboración de pretendidas «crónicas» redactadas por quien ni siquiera posee el rigor técnico para encuadrar una fotografía o llegar a tiempo a una cobertura. ¿A ese nivel de alcahuetería y mediocridad llega la revisión contractual de la oficina de comunicaciones? ¿Cuál es la estrategia? ¿La de avalar al que estafa al erario simplemente por no ser incómodos con él?
A este descaro se suma el aberrante caso de un fanpage de un medio que fue robado cuando apenas alcanzaba los 15.000 seguidores y que hoy registra 130.000 de forma malhabida. Sin hacer el menor contraste técnico, la Alcaldía no se da cuenta de que esa fanpage fue inflada mediante la publicación de videos eróticos y animaciones con inteligencia artificial que nada tienen que ver con Tunja y con sus hechos noticiosos, mientras que el medio de comunicación real se vio obligado a construir un nuevo fanpage que crece con esfuerzo pero que queda marginado por esta distorsión. La lista de desatinos continúa con la validación de un pretencioso Noticiero Boyacá 7 Días, espacio que usurpa impunemente la marca y el prestigio de una casa editorial seria para cobrar pauta, o con registros de supuestos periódicos impresos como Hechos de Boyacá, publicaciones fantasma que jamás se distribuyen comercialmente en una tienda o puesto de periódicos de la ciudad y que solo existen en los escritorios de entidades oficiales para legalizar cobros de pauta publicitaria.
¿Este es el censo irreal que la Alcaldía le entrega a los operadores privados para distribuir la pauta del municipio? Validar semejante inventario no es una simple falla administrativa; es una afrenta directa contra los principios constitucionales de Transparencia y Publicidad que el Estado colombiano está obligado a garantizar. Gobernar a ciegas con métricas inventadas destruye la pedagogía ciudadana y explica por qué los tunjanos se quejan a diario de no enterarse de las convocatorias, exenciones tributarias y programas que se financian con los impuestos de la propia comunidad. Se pisotean los mandatos de la ley para beneficiar portales de papel mientras la ciudadanía permanece desinformada.
La actual Gerente Estratégica de Comunicaciones y Protocolo, Cindy Avella —quien estuvo presente en la reunión del CREM escuchando los reclamos del sector—, tiene en sus manos la obligación técnica y moral de corregir de inmediato este desastre. La funcionaria debe entender que la fiscalización a su despacho no es un capricho ni una persecución personal, sino la exigencia de hacer el trabajo con rigor, realizar una caracterización presencial y auditada en pantalla, y dejar de validar falsedades. ¿Qué necesidad hay de asumir el costo político y ganarse el rechazo legítimo del periodismo serio por alcahuetear a un puñado de portales fantasma que poco y nada le significan a la ciudad?
Esta deformación conceptual toca fondo cuando la administración pretende justificar el uso combinado del perifoneo y las redes sociales institucionales como el vehículo central para comunicar temas tributarios de alta complejidad, como las amnistías del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Así lo demostró la propia Gerente de Comunicaciones en el Concejo de Tunja, cuando frente al reclamo de los cabildantes de estructurar un plan de medios pedagógico que ayude a recuperar el saldo pendiente de más de 7.000 millones de pesos en este tributo, acudió al simplismo de responder que todo se resolvería con perifoneo y publicaciones desde cuentas oficiales. Un binomio fallido que se repite año tras año con los mismos resultados desastrosos: pretender que un megáfono de paso y unas redes institucionales que nadie consulta logren motivar a los contribuyentes morosos o explicar exenciones fiscales complejas, mientras el hueco en el recaudo supera los 7.000 millones de pesos.
El perifoneo es una herramienta volátil e inútil para estos fines; sirve tal vez para anunciar una jornada de vacunación de mascotas o un aviso parroquial, pero pretender resolver la pedagogía fiscal de la ciudad con un megáfono rodante que lanza un mensaje inaudible de cinco segundos por una esquina es una burla a la inteligencia de los contribuyentes. Frente a semejante despropósito, resulta inevitable sembrar la duda y preguntar con absoluta severidad: ¿cuál es la oscura conveniencia o el negocio que se esconde tras la insistencia de pagar millones de pesos en perifoneos antes que contratar estrategias de comunicación pedagógicas, duraderas y efectivas en medios de comunicación reales?
Presupuesto para hacer las cosas bien y de manera transparente existe en las arcas municipales. En el acuerdo de adición presupuestal derivado del superávit fiscal, que incorporó más de $110.000 millones de pesos al municipio, la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo recibió una asignación directa de $791.708.000 pesos. Es una cifra abultada y suficiente. Resulta incomprensible e injustificable que, con casi $800 millones de más en el bolsillo, la administración mantenga los recursos congelados durante casi todo el año para terminar entregando una raspa atropellada a fin de año en planes de medios improvisados. Todo esto para alimentar la intermediación burocrática e ineficiente de operadores privados a quienes se les adjudican cientos de millones de pesos para administrar los planes de medios; firmas que actúan como verdaderos cobradores de peaje que se quedan con una tajada gruesa del presupuesto sin aportar un solo gramo de valor periodístico, reduciendo las tarifas de los medios reales y obligando además a los propios periodistas a elaborar los informes y certificaciones que el contratista luego sube para cobrar su comisión.
Esta práctica de dilapidar el presupuesto no es nueva; es el patrón de conducta heredado de administraciones pasadas, donde los recursos adicionados por superávit, que en vigencias anteriores también rozaron los $700 millones, terminaron destinados a financiar la nómina de personal para una oficina de comunicaciones que jamás comunicó nada bien.
En lugar de estructurar planes de medios continuos para difundir información de utilidad pública todo el año, como las líneas de denuncia contra el maltrato intrafamiliar, las rutas de atención para la salud mental, las jornadas de vacunación, la adopción de mascotas o los canales para pagar tributos con descuento, la plata se gastó en contratar personas que ni siquiera eran periodistas, y entre los periodistas que contrataron, engancharon directamente a directores de medios para que no resultaran incómodos y se quedaran callados. A esta tramoya se suma la compra de artefactos estrafalarios como las pretendidas «Citycápsulas», estructuras con pantalla y cámara guardadas e inservibles en los depósitos oficiales, de las que aún no sabemos cuánto invirtieron, o la financiación de impresos propagandísticos contratados con compinches del gerente de comunicaciones de ese entonces, que fueron repartidos cuando mucho en el Concejo para aparentar que se hacía una promoción de la marca ciudad, y que terminaron mayoritariamente en la basura. ¿Dónde están la Contraloría, la Procuraduría y el propio Concejo Municipal frente a semejante derroche? ¿Se debe seguir permitiendo este modelo perverso de los recursos públicos desde esa dependencia?
Esta torpeza y opacidad en la gestión oficial es, precisamente, el caldo de cultivo que alimenta los discursos populistas de quienes opinan desde la ignorancia para arañar ‘likes’ fáciles en las redes sociales y para hacer una oposición fácilmente desechable. Un ejemplo patético de esta ligereza lo encarna el diputado Carlos Torres, quien aprovechó que la caracterización de medios de la Gobernación y Cifras y Conceptos quedó mal hecha para montar un show desinformador y sembrar un peligroso discurso de odio contra la prensa. En un berrinche demagógico, el corporado salió a sugerir que ese estudio no se necesita y que la plata debió usarse para apagar incendios, utilizando como chivo expiatorio una emergencia que con esos recursos ni siquiera se araña, pues un solo helicóptero para sofocar el fuego en Villa de Leyva costó más de 2.000 millones de pesos, puede constatarlo en el Secop Diputado…
Claro que el estudio de medios estuvo mal ejecutado, pero desconocer la necesidad de la caracterización es validar la mafia, el compadrazgo y el reparto de la pauta a dedo. El diputado prefiere pisotear los mandatos constitucionales de publicidad y transparencia con tal de ganar pantalla, mientras calla cómodamente frente al dinero público que se derrocha en la Asamblea pagándoles meriendas de fresas con crema, malteadas de helado de 12 onzas y ensaladas de fruta de más de 20 mil pesos para complacer el delicado estómago de los príncipes del aplauso lisonjero al todopoderoso Carlos Andrés.
Señor Alcalde Rafael Acevedo, usted no puede incurrir en estos vicios de opinar e incluso decidir desde la ignorancia y el populismo, gobernar con altura exige desmantelar de una vez por todas las mafias de la pauta y superar el simplismo cobarde de repartir miserias entre 67 portales inexistentes para comprar complacencias temporales. Exíjanos. Exija propuestas de comunicación estructuradas, investigación de fondo, piezas audiovisuales de alta factura y métricas verificables en pantalla. Al que solo le ofrezca copiar y pegar un comunicado de prensa, páguesele lo barato que vale esa réplica pasiva. Pero a quien invierte en periodismo real, sostiene una empresa, investiga y moviliza la opinión pública de la ciudad, considéresele con un plan de divulgación digno, equitativo y distribuido de forma transparente a lo largo de los doce meses del año.
Alcalde, usted ha demostrado una actitud distinta y una disposición al diálogo frente al autoritarismo, el hermetismo y la opacidad que caracterizaron a la administración saliente de Mikhail Krasnov. Demuestre ahora que esa voluntad de apertura no era un simple discurso de campaña ni una pose para la foto, y aplique la meritocracia real en la gestión de los recursos públicos. Asuma el costo político de incomodar a los parásitos del oficio que viven de la lisonja y entregue el ejemplo de transparencia que Tunja sigue esperando y que usted le prometió entre tintos y tarimas a este gremio. Cumpla su palabra aunque se le echen encima cincuenta portales fantasma que no le van a causar ningún daño político, precisamente porque nadie los consume. De lo contrario, la promesa de una gestión abierta y diferente se desvanecerá entre la misma demagogia, la misma alcahuetería y el mismo abandono de siempre.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano