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No existe mayor ignominia que la que han tenido que soportar los cerca de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia: un tribunal creado para administrar justicia frente a graves violaciones de los derechos humanos, pero que, para muchos de sus críticos, ha terminado respondiendo de manera insuficiente a las expectativas de quienes padecieron directamente la violencia.
Lo paradójico es que, tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Tribunal de Núremberg para juzgar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este proceso marcó un hito en el desarrollo del derecho internacional y contribuyó al fortalecimiento de los principios que posteriormente quedaron plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento que Colombia ha reconocido y ratificado dentro de su compromiso con la protección de los derechos fundamentales.
En Colombia, entretanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado un intenso debate nacional. Para el año 2026, su presupuesto asciende a $744.659 millones de pesos. Frente a esta inversión pública, surge una pregunta legítima: ¿los resultados en materia de justicia, verdad, reparación y sanción han sido suficientes para responder a las expectativas de las víctimas?
Después de varios años de funcionamiento, el número de sentencias y los tiempos de los procesos han alimentado el inconformismo de sectores de la sociedad y, especialmente, de algunas víctimas que consideran que la respuesta judicial no ha sido suficientemente efectiva. Esta percepción deja un sabor amargo en quienes llevan años esperando verdad, reparación y justicia.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se considera que la ausencia de resultados visibles puede profundizar la desconfianza en las instituciones. Para quienes han sufrido directamente la violencia, cualquier percepción de impunidad puede convertirse en una nueva fuente de frustración. A ello se suma la situación de miles de víctimas que continúan esperando medidas efectivas de reparación.
Ahora bien, también surge una pregunta inevitable: ¿Qué ocurriría si se planteara la eliminación de la JEP? ¿Qué sucedería con las personas que se acogieron al Acuerdo de Paz y con quienes están sometidas a su jurisdicción por la comisión de graves delitos durante el conflicto armado?
El asunto no es sencillo. El Acuerdo Final de Paz tiene un desarrollo jurídico y constitucional que hace que cualquier modificación de la JEP deba analizarse dentro del marco de la Constitución, las leyes, los compromisos internacionales del Estado colombiano y los derechos de las víctimas. Por ello, una eventual reforma no puede reducirse simplemente a la decisión de eliminar o mantener una institución: también tendría que responder qué mecanismo garantizaría la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
De igual manera, cabe preguntarse qué ocurriría con quienes se acogieron al sistema de justicia transicional si este fuera sustancialmente modificado. ¿Qué efectos tendría sobre sus obligaciones, sus sanciones y, especialmente, sobre los derechos de las víctimas?
En definitiva, el debate sobre la JEP sigue abierto. Más allá de las posiciones políticas, el verdadero desafío consiste en determinar si el modelo de justicia transicional está cumpliendo con aquello que las víctimas tienen derecho a exigir: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Porque, al final, la pregunta que permanece sobre la mesa es sencilla, pero trascendental: ¿puede existir una paz duradera si las víctimas sienten que la justicia nunca llegó?
El asunto, sin duda, da para largo.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛 – 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆́𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓
𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano