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𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Ninguna mujer en política, ninguna, debe ser atacada por su físico o su apariencia. Lo que hizo Matador con la primera dama, Ana Lucía Pineda, es inaceptable. Y no es la primera vez que el caricaturista recurre a este tipo de señalamientos, ni hay razones para pensar que será la última. Lamentablemente, seguimos ante un sistema que no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que participan en política, una realidad que puede tener efectos en las próximas elecciones, cuando esperaríamos una mayor y mejor participación femenina en los territorios.
Pero, apartándonos de esta discusión y de la doble moral de quienes hoy rechazan estos ataques, pero han validado que se omita la palabra niña del ICBF o que se eliminen los derechos sexuales y reproductivos, sería interesante abrir otro debate. Uno que incomoda, pero que vale la pena dar, ¿en realidad tendrían que rendir cuentas las gestoras sociales y las primeras damas? ¿Qué hacen, qué poder ejercen y quién vigila los recursos públicos que se mueven alrededor de ellas?
Para quienes no lo saben, esta figura no constituye un cargo público formal en Colombia. Las gestoras sociales no reciben un salario por esa condición ni tienen una vinculación directa con el Estado por el hecho de ser las esposas de los mandatarios. Su papel se ha enfocado tradicionalmente en lo social, la beneficencia y el acompañamiento protocolario, el figurín perfecto que lamentablemente reproduce ese modelo hegemónico en el que a la mujer que acompaña al hombre en el poder se le asigna perfección, suaviza su imagen y casi por defecto ejerce una labor social.
Y esto resulta problemático. Porque todos sabemos, aunque no siempre lo digamos, que la ausencia de un vínculo laboral formal no significa que la actividad no tenga costos. En muchos casos, a estas gestiones les asignan equipos de comunicaciones, logística, personal y recursos institucionales. ¿Quién los paga? ¿De qué presupuesto salen? ¿Qué controles existen? ¿Cómo se garantiza que los recursos públicos no terminen financiando actividades que, en la práctica, giran alrededor de una figura que no tiene un cargo oficial?
Ahí es donde se abre la puerta a posibles irregularidades y a preguntas incómodas sobre el manejo de los recursos públicos.
En Boyacá, por los pasillos del Palacio de la Torre se habla de todo un batallón de prensa financiado con nuestros impuestos e incluso con funcionarios públicos al servicio de la esposa del gobernador, Daniela Assis. Y ese es, precisamente, uno de los asuntos que merece revisión, qué personal se destina a estas actividades, bajo qué contratos, con qué funciones y con qué justificación administrativa.
Porque por ejemplo tenemos un viaje reciente a París que según conocimos habría costado cerca de 70 millones de pesos y se presentó como una actividad de promoción de los artesanos boyacenses. Sin embargo, fueron solo dos participantes que acompañaron a la gestora social y a hoy se desconocen los criterios de selección.
Un dato, que salta en un ejercicio sencillo de búsqueda en Secop II, Pero que seguro debe ser parte de muchos más similares. Y no se trata de desconocer el valor de nuestros artesanos ni de descalificar su trabajo. Se trata de saber si los recursos invertidos realmente les sirven a ellos o si terminan alimentando una estrategia de imagen institucional.
Dicho esto vale la pena que nos preguntemos ¿Es necesaria esta figura?
Si hiciéramos una ronda de entrevistas a contratistas y trabajadores estatales de diferentes lugares, incluso fuera de Boyacá, garantizándoles absoluta reserva y la posibilidad de hablar con franqueza, seguramente escucharíamos relatos sobre personas que, desde esta posición, habrían intervenido en procesos institucionales, presionado contratistas, lanzado insultos o ejercido una influencia que no corresponde a sus competencias formales. Son señalamientos que deben contrastarse, por supuesto, pero que también permiten cuestionar ¿qué pasa cuando alguien tiene poder e influencia sin que existan responsabilidades públicas claramente delimitadas?
Porque una cosa es impulsar iniciativas sociales, acompañar a comunidades o apoyar causas que merecen toda nuestra atención, y otra muy distinta es tener injerencia en la administración pública sin ocupar un cargo, sin las obligaciones propias de un servidor público y sin mecanismos suficientemente claros de rendición de cuentas.
A estas alturas de la historia, también resulta absurdo seguir defendiendo un modelo en el que las mujeres deben asumir responsabilidades por vocación, casi como una extensión de su papel de esposas, y dejar de lado sus propios proyectos para acompañar la carrera política de sus parejas. La solidaridad, el trabajo social y el compromiso con las comunidades no deberían depender del vínculo matrimonial con quien gobierna. Mucho menos convertirse en una especie de cargo informal que otorga visibilidad, influencia y capacidad de intervención sin una estructura clara de responsabilidades.
Es un debate sumamente impopular, lo sé. Pero deberíamos darlo.
No se trata de atacar a las mujeres por ser esposas de gobernantes, ni de desconocer las iniciativas sociales que funcionan y producen resultados. Mucho menos de justificar la violencia machista contra ellas. Se trata de cuestionar un modelo que naturaliza privilegios, confunde lo público con lo personal y permite que alrededor del poder aparezcan figuras cuya influencia no siempre tiene límites claros.
Porque, al final, ¿para qué necesitamos gestoras sociales y primeras damas si sus funciones pueden ser asumidas por instituciones públicas con personal competente, presupuestos transparentes y obligaciones verificables?
Tantas figuras decorativas alrededor del Estado, tantos poderes informales y tantas responsabilidades difusas son parte de lo que nos tiene tan jodidos. Y mientras sigamos confundiendo la vocación social con el derecho a ejercer influencia desde las sombras del poder, seguiremos aplazando una conversación que Colombia necesita tener.
Tomado de Periódico El Tunjano