Había que felicitar a la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial de Tunja y a la Alcaldía Municipal por la firmeza inicial de prohibir el ingreso de público al Estadio La Independencia para el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional. La determinación constituía un acto de autoridad impecable, decente y necesario. Se trataba de una medida drástica que golpeaba la caja del conjunto ajedrezado, que suele salvar sus finanzas con las hinchadas de los equipos tradicionales, y que afectaba temporalmente al comercio circundante. Sin embargo, cuando la violencia irrumpe en un escenario deportivo, la integridad de los ciudadanos y la preservación del orden público tienen que ubicarse por encima de cualquier consideración mercantil. La sociedad debe comprender que ese costo económico residual no es responsabilidad de la Administración, sino de los propios vándalos que destruyen el espectáculo.
El fútbol profesional colombiano arrastra una complicidad tácita con el barrismo violento. Si bien los clubes no son los causantes directos de la descomposición social, sí actúan como cómplices cuando eluden asumir los costos de los desmanes que provocan sus adeptos. La única forma de forzar a las directivas a tomar cartas en el asunto es tocándoles el bolsillo. Si una tribuna se desborda en agresiones, el club debe responder con el pecho y asumir las consecuencias.
Frente a la excusa recurrente de los dirigentes sobre la imposibilidad material de controlar masas anónimas, la solución que se debería implementar en el país no tendría por qué ser compleja, pero sí inflexible. Para que cualquier agrupación o barra brava pueda ingresar a un escenario deportivo, se debería exigir la carnetización e identificación individual de la totalidad de sus miembros. Paralelamente, se tendría que crear e imponer una figura institucional indispensable: la designación obligatoria de un representante legal por cada barra organizada. No tendría que permitirse el acceso a una sola tribuna a ningún colectivo que no cuente con una persona natural claramente individualizada, con nombre, apellido y cédula, que ponga el pecho y firme como responsable directo de la delegación.
Bajo este esquema que proponemos desde este espacio editorial, la dinámica de impunidad cambiaría de manera radical. Si en el seno de una barra se comete un delito, sea que se provoque una lesión, desmanes u homicidios, la carga de la prueba y la responsabilidad no tendrían por qué diluirse en el anonimato. La barra tendría que verse obligada a señalar y entregar inmediatamente ante las autoridades judiciales al delincuente responsable. Si la agrupación lo entrega y el sujeto asume las consecuencias penales y el resarcimiento económico de los daños, la barra quedaría exonerada y podría eventualmente volver a ingresar a los estadios.
Sin embargo, si la agrupación opta por el silencio, la complicidad o el pacto de impunidad para proteger al agresor, la responsabilidad penal y civil solidaria tendría que recaer directamente sobre el representante legal de la barra. Sería esa persona quien tendría que ir a la cárcel a responder por el crimen o poner la plata de su propio bolsillo para reparar hasta el último peso de los destrozos causados. Si el representante no responde ni entrega al culpable, la sanción tendría que ser fulminante: la prohibición absoluta e indefinida de ingreso para toda la barra.
La consecuencia lógica de una medida de esta naturaleza sería devastadora para el vandalismo disfrazado de pasión. Al encontrarse con que nadie en su sano juicio querría asumir semejante riesgo judicial y financiero por el comportamiento irresponsable de un tercero, el negocio espurio y el chantaje de las barras bravas se extinguirían de raíz. Sin representantes dispuestos a ir a la cárcel por un grupo de violentos, las tribunas se limpiarían y las familias podrían retornar a los estadios en absoluta tranquilidad.
Lo ocurrido en el compromiso entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo fue inaceptable y rozó la tragedia por pura fortuna. Es degradante que la ciudad deba presenciar cómo un grupo de alienados armados con cuchillos tipo carnicero arranca la silletería del estadio para agredirse por la pérdida de un trapo o una bandera, asumidos en su irracionalidad como trofeos de guerra. Frente a ese conato de agresión, la estampida de los espectadores del común que invadieron el campo no fue un acto de desorden, sino un ejercicio elemental de supervivencia. Nadie tendría por qué arriesgar su vida o la de sus hijos ni exponerse a ser apuñalado por el capricho de unos delincuentes.
Por esa razón, la sanción inicial de cerrar las puertas a las tribunas era un castigo pedagógico perfecto. Privaba al Chicó del ingreso de taquilla, obligándolo a depurar sus filtros de seguridad y a entregar a los violentos a la justicia. Se sentaba un precedente de autoridad en una ciudad históricamente pacífica como Tunja, golpeada de forma reiterada por el vandalismo de hinchadas visitantes que ingresan a intimidar, hurtar y violar la ley. Se enviaba un mensaje rotundo a las autoridades de Bogotá, Medellín o Cali sobre cómo se tendría que someter a la delincuencia organizada en los estadios.
Lamentablemente, el carácter institucional duró pocas horas. La Alcaldía de Tunja sintió miedo, se asustó ante la presión y corrió a ampararse en una medida provisional de tutela para convocar a una sesión extraordinaria y echar atrás la restricción. Bastó la presión jurídica y la promesa de buen comportamiento firmada por el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, cabeza de un club que ni siquiera destaca por la puntualidad en sus pagos de arrendamiento a Indeportes, para que el Gobierno Municipal capitulara. El comunicado oficial, adornado con apelaciones flojas a la convivencia y al «fútbol en paz», no es más que una rendición disfrazada de legalidad. La retractación le enseña al vándalo que en Tunja se pueden ingresar armas cortopunzantes, destrozar los bienes públicos, exponer de forma irresponsable la integridad de los miembros de la Policía Nacional y aterrorizar a las familias sin consecuencia alguna, pues basta interponer un recurso para que la autoridad se arrodille.
En este retroceso pesó la ambigüedad política del Gobierno Departamental. Mientras el Gobernador se vanagloria en cuantos micrófonos puede de que Boyacá es un oasis de paz y la panacea de la seguridad nacional, a la hora de sostener la autoridad prefiere el cálculo de popularidad. Priorizó quedar bien con la masa de hinchas visitantes y proteger las arcas del club ‘ajedrezado’ antes que garantizarle el derecho al fútbol en paz a las familias boyacenses. Ante el discurso populista del mandatario departamental, el alcalde Rafael Acevedo careció de las agallas para sostener una medida congruente.
Si no se quería castigar a la hinchada de Atlético Nacional por hechos en los que no participó, la sanción debió focalizarse con la misma severidad y exclusividad sobre la barra del Boyacá Chicó, impidiendo la entrada a sus colectivos organizados e identificados, mientras se permitía el acceso del ciudadano del común.
Para evitar que el espectáculo siga en manos del vandalismo, se tendría que instaurar un régimen de sanciones escalonadas indiscutibles. Todo desmán que derive en heridos tendría que acarrear la clausura del estadio a puerta cerrada por un periodo mínimo de seis meses; si se registrara la pérdida de una vida humana, la sanción tendría que elevarse a dos años de clausura total, cuando mínimo, levantándose únicamente si el representante legal de la barra entregara a los directos responsables ante la justicia penal.
La Alcaldía de Tunja tuvo en sus manos la oportunidad histórica de sentar un precedente nacional de civilidad y valentía institucional. Sin embargo, prefirió el camino de la sumisión, el temor a la crítica y la complacencia con el negocio. Qué lástima que les hayan faltado los pantalones para defender a los ciudadanos de bien.
Tomado de Periódico El Tunjano