Colombia se aproxima a una temporada de fin de año marcada por la incertidumbre energética, en un momento en el que confluyen factores climáticos, operativos y económicos.
El país depende en buena medida de la generación hidroeléctrica, de modo que la disminución de las lluvias y de los aportes de agua a los embalses puede reducir la capacidad de producir electricidad a partir de esa fuente, situación a la que se suma la previsión de un periodo seco exigente, asociado al fenómeno de El Niño, así como el crecimiento de la demanda eléctrica y la necesidad de contar con suficiente generación térmica, combustible y capacidad operativa para cubrir los requerimientos del sistema.
XM informó que los embalses cerraron septiembre con el 76,24 % de su capacidad útil, una cifra que, considerada aisladamente, no describe un colapso, pero que debe leerse junto con otro dato relevante porque durante octubre, los aportes hídricos se ubicaron alrededor del 60 % de la media histórica y la demanda registró un crecimiento del 4,4 % frente al mismo periodo de 2025.
El operador advirtió que esta combinación exige preservar las reservas de agua, asegurar el funcionamiento de las plantas térmicas y fortalecer el uso eficiente de la energía. La consecuencia potencial es una mayor presión sobre la confiabilidad del suministro y los costos de generación; sin embargo, las alertas no equivalen a confirmar un apagón nacional inevitable. Se trata de un escenario de riesgo que exige prevención, seguimiento técnico y decisiones oportunas.
Ahora bien, en el marco de este panorama, quienes proponen aplazar o cancelar las iluminaciones parten de una consideración razonable, porque en una situación de estrechez energética, todo consumo prescindible merece ser revisado y si el país necesita administrar con mayor rigor sus recursos, las entidades públicas no pueden actuar como si las advertencias del operador del sistema no existieran.
Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de examinar sus gastos, anticiparse a los riesgos y demostrar que las decisiones públicas guardan coherencia con las condiciones nacionales y, en ese sentido, revisar la magnitud de los montajes, sus horarios, las tecnologías empleadas y su costo energético constituye una medida de prudencia más no una renuncia al espíritu de la Navidad.
Pero entre revisar y suspender existe una diferencia que no debería ignorarse, toda vez que los alumbrados decembrinos forman parte de la identidad urbana y de las prácticas culturales de numerosas comunidades y para muchas familias, recorrer las calles iluminadas es una tradición que reúne generaciones, mientras que, para otros ciudadanos, especialmente niños y personas mayores, constituye uno de los momentos más esperados del año.
En numerosos municipios, además, las decoraciones atraen visitantes, extienden la actividad comercial y generan oportunidades para restaurantes, hoteles, transportadores, vendedores y pequeños emprendimientos, y cancelarlas sin evaluar esas consecuencias podría afectar a sectores que dependen de la temporada y debilitar una dinámica económica importante para las regiones que encuentran en el turismo una fuente de ingresos.
También es indispensable evitar una conclusión apresurada y es la de atribuir a las luces navideñas una parte determinante de la presión energética nacional sin contar con cifras que permitan demostrarlo.
Según la información divulgada por XM y recogida por medios de comunicación, la demanda eléctrica colombiana creció durante noviembre y diciembre de 2025, pero esas variaciones incluyen el consumo de hogares, industrias, comercios y otros usuarios y no permiten establecer, por sí solas, qué proporción correspondió a las decoraciones festivas. Antes de convertir los alumbrados en símbolo de despilfarro o de defenderlos como un consumo relevante, se requiere conocer la potencia instalada, las horas de funcionamiento, la energía consumida y el ahorro que produciría cada alternativa.
El debate, de hecho, ya coincide con un movimiento institucional hacia una evaluación más precisa del consumo. En septiembre de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitó información a los comercializadores que suministran energía para el alumbrado público, con el propósito de analizar los potenciales de ahorro de estos sistemas.
Entre los datos requeridos están el número de luminarias, su tecnología, la potencia instalada, los horarios de encendido y apagado y los consumos mensuales, actuación que no constituye una orden para cancelar los alumbrados navideños, pero sí demuestra la importancia de tomar decisiones respaldadas por información técnica y no únicamente por percepciones y en esa dirección, hay por lo menos tres alternativas que merecen consideración.
La primera consiste en conservar los alumbrados, pero hacerlos más eficientes. El uso de tecnología LED, la reducción de elementos de alto consumo, la programación de horarios y el apagado de las instalaciones en horas de baja afluencia pueden disminuir el gasto energético sin eliminar la experiencia colectiva. No se trata de encender las luces durante toda la noche por inercia, sino de concentrar su funcionamiento en los periodos en los que cumplen una función social y turística. Los municipios podrían publicar el consumo estimado de sus instalaciones, compararlo con años anteriores y fijar metas de ahorro verificables. Así, la ciudadanía conocería el costo real de la celebración y los resultados de las medidas adoptadas.
La segunda alternativa propone cambiar el lenguaje de la decoración. Una Navidad visualmente atractiva no depende exclusivamente de cubrir calles, parques y fachadas con miles de bombillas. El arte público, los faroles de bajo consumo, las figuras elaboradas con materiales reutilizables, los tejidos, las estructuras artesanales, los murales, las proyecciones puntuales y los montajes inspirados en las tradiciones locales pueden construir recorridos atractivos sin depender de una iluminación permanente e intensiva.
La tercera alternativa consiste en evaluar sistemas de alimentación complementaria, como la energía solar con baterías, para instalaciones pequeñas o elementos decorativos específicos, opción que no debe presentarse como una solución universal porque su viabilidad depende de la radiación disponible, la capacidad de almacenamiento, el tamaño del montaje, la autonomía requerida, los costos y las condiciones de instalación.
A estas posibilidades se suma una pregunta de fondo sobre el modelo de celebración que los departamentos y ciudades desean promover. Si la Navidad se ha convertido, en muchos lugares, en una apuesta de turismo y dinamización comercial, ¿por qué no aprovechar la coyuntura para fortalecer una oferta que combine iluminación eficiente, programación cultural, mercados artesanales, conciertos, gastronomía y actividades familiares?
Un municipio puede mantener viva su temporada festiva mediante una propuesta integral en la que las luces sean un componente, pero no el único atractivo. La creatividad y la participación comunitaria pueden ayudar a conservar el sentido de la celebración y, al mismo tiempo, distribuir mejor los recursos públicos.
Existe, además, una dimensión ambiental que merece incorporarse al análisis porque el consumo eléctrico no es el único criterio para evaluar una instalación: también importan los materiales utilizados, la duración de las estructuras, su reutilización, los residuos que generan, los desplazamientos de visitantes y la vida útil de los equipos. Sustituir bombillas por LED puede mejorar la eficiencia, pero el beneficio será más completo si las decoraciones se diseñan para varios años, se reparan en lugar de desecharse y se fabrican con criterios de sostenibilidad.
La discusión tampoco debería convertirse en una competencia entre quienes defienden la Navidad y quienes piden prudencia energética, porque esa división empobrece el debate y transforma un asunto técnico y colectivo en una disputa de posiciones polarizadas. Quienes solicitan moderación no necesariamente pretenden apagar la alegría de las comunidades; quienes defienden los alumbrados tampoco son, por ese solo hecho, indiferentes a la situación energética. Lo que corresponde es exigir que cada postura se someta a la evidencia: cuánto consume cada instalación, qué ahorro se lograría al reducir sus horarios, qué costos tendría su suspensión, qué tecnologías existen y cuáles son las condiciones reales del sistema eléctrico.
Así las cosas, Colombia necesita asumir la prevención energética con seriedad, sin alarmismos que presenten el apagón como un hecho consumado y sin complacencias que desconozcan las señales de alerta; y a las autoridades les corresponde explicar los riesgos, publicar información comprensible y justificar sus decisiones en tanto que a los operadores, aportar y evaluaciones técnicas y a la ciudadanía, participar de una cultura de consumo responsable que no se limite únicamente al mes de diciembre.
Mucho por hacer en materia energética.
Por: José Ricardo Bautista Pamplona
Tomado de https://www.lapalestra.com.co/