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Los primeros cien días de la administración de Abelardo de la Espriella, desde el Palacio de Gobierno, representan una oportunidad para evaluar las prioridades institucionales y, particularmente, el rumbo que pretende tomar el país frente a uno de sus mayores desafíos: el fortalecimiento de la administración de justicia.
Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia, todavía no se advierte con suficiente claridad una propuesta estructural que permita materializar una verdadera transformación del sistema judicial colombiano. El país necesita mucho más que anuncios o planteamientos generales; requiere decisiones concretas, políticas públicas sostenibles y reformas capaces de cerrar las profundas brechas que hoy afectan el acceso oportuno y efectivo a la justicia.
Colombia enfrenta serias fisuras en su aparato judicial. Una de las más preocupantes es la congestión de los despachos judiciales, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para garantizar una justicia pronta, eficiente y materialmente efectiva. Los procesos se prolongan, las decisiones tardan en llegar y, en muchos casos, los ciudadanos terminan enfrentándose a una realidad preocupante: una justicia tardía que puede terminar convirtiéndose en una forma de injusticia.

No podemos desconocer que el desarrollo económico, social e institucional de una nación está estrechamente ligado a la solidez de su administración de justicia. Un Estado que no garantiza la protección de los derechos, que no resuelve oportunamente los conflictos y que no ofrece seguridad jurídica a sus ciudadanos difícilmente puede consolidar condiciones adecuadas para la inversión, la convivencia y el progreso.
Por ello, la tutela judicial efectiva no puede seguir siendo una aspiración consagrada en la Constitución, sino que debe convertirse en una realidad palpable para todos los colombianos. El acceso a la justicia, la celeridad procesal, la independencia judicial y el cumplimiento de las decisiones de los jueces deben constituir pilares fundamentales de cualquier proyecto de transformación institucional.
El verdadero fundamento de un Estado social de derecho no está únicamente en reconocer derechos sobre el papel, sino en contar con instituciones capaces de garantizarlos y hacerlos efectivos. En consecuencia, fortalecer la justicia no es un asunto secundario de gobierno: es una condición indispensable para la democracia, la estabilidad institucional y el desarrollo de Colombia.
Los primeros cien días no deben medirse exclusivamente por los anuncios de una administración, sino por la capacidad de establecer las bases de las transformaciones que el país necesita. Y entre ellas, sin duda alguna, la justicia debe ocupar un lugar prioritario.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛 – 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆́𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓
𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano
