Antes de realizarse la conferencia de las Cámaras de Comercio y las Superintendencia para evitar que la gente sea engañada por captadoras de dinero se hablaba de 7 empresas vigiladas en Boyacá y cerca de 200 personas afectadas, solo unas horas después de iniciar la conferencia, la cifra de pérdidas es más de 60 mil millones de pesos de más 2 mil boyacenses afectados.
“Desde hace un tiempo nos ha llamado la atención de lo que viene sucediendo en Boyacá, pues en 2022 llegó un llamado a la Superintendencia Financiera donde daban cuenta de unas empresas que se tenían filas largas de gente entregando recursos”, así lo dijo Marta Ruth Ardila Herrera, Superintendente delegada de supervisión societaria.
Para el 2022 se creía que solo eran casos aislados, pero luego de iniciar la investigación se conoció que hay algunas empresas que replican estos modelos de negocio y que son personas en particular que tienen algún tipo de reconocimiento los que captan directamente los recursos y que solicitan no denunciar para que les respondan por sus dineros a través de otras empresas con actividades comerciales legalizadas.
Uno de los pilares de la Superintendencia Financiera es proteger los derechos del consumidor financiero, por ende no es posible que captar dinero, manejarlos y administrarlos lo haga cualquier persona sin que se tenga el respaldo de la SuperFinanciera, en ese sentido se empezaron a conocer varias alertas el año pasado, y casi todas llegaban de Boyacá.
José Camilo Torres Duque, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera, indicó que a la fecha en la lupa de las autoridades se tienen a más de 10 que son investigadas, de las cuales, 7 ya están intervenidas y una persona natural involucrada y probada, la mayoría están ubicadas en la ciudad de Duitama y en generalmente los negocios fachada son inmobiliarias o constructoras en las que les decían al público que esos recursos iban a devolvérseles en viviendas.
¿Y frente al concejal de Duitama, vinculado e investigado pero dejado en libertad?
Una de las primeras empresas intervenidas fue Construcol, que estaba en cabeza del concejal de Duitama Pedro Santiago, quien fue imputado e incluso estuvo en la cárcel por un par de meses, pero recientemente salió libre pese a la investigación probada de las Superintendencias, por lo que, una vez más queda claro que la justicia debe actuar de una manera diferente para hacer lo propio luego de las investigaciones.
Los que se beneficiaron de una actividad de captación son responsables, para este tema se adjuntas las pruebas y el proceso investigativo llega hasta ahí, pero luego de esto vienen unos trámites legales, en el caso de Santiago la Fiscalía sigue investigando pese a que hubo un fallo en el procedimiento y esa fue la razón por la que el concejal salió en libertad.
Las personas que deseen hacer estas denuncias pueden hacerlo a través de la página de la Fiscalía sin necesidad de presentar mayores pruebas para que la autoridad competente pueda iniciar a actuar. “Todas las pruebas que puedan llegar se adjuntan a un expediente para poder actuar”.
Escrito por: LORENA QUINTANA
Tomado de https://ultimahoraboy.com/