𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Durante la pandemia, el personal de salud fue exaltado como héroe. Sin embargo, nunca llegaron cambios de fondo. De hecho, en Boyacá se repiten con frecuencia denuncias de presunto acoso laboral y, como ya se ha señalado en otras ocasiones, también de presiones políticas en entornos institucionales.
Por eso, nuevamente, fijamos la mirada en el Valle de Tenza, donde en 2024, un grupo de médicos del Hospital Regional de Segundo Nivel Valle de Tenza denunció presunto acoso y maltrato laboral y ahora vuelve a pasar. Para ese entonces, las quejas desencadenaron una crisis institucional que terminó con la salida del gerente de la época por lo que parecía que la tormenta había pasado. Pero no fue así.
Hoy, mientras en distintos escenarios se comenta que el manejo del hospital seguiría orbitando en torno al mismo grupo político, resurgen las denuncias, acompañadas nuevamente de renuncias, acciones de tutela, diagnósticos médicos y decisiones judiciales.
Uno de los casos que conocimos —cuya identidad reservamos por razones de seguridad— corresponde a una valiente trabajadora que se atrevió a denunciar hechos que, según asegura, afectan a varios funcionarios y se traducen en presuntas represalias, retiro de funciones y afectaciones a su salud mental. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guateque le dio la razón en aspectos esenciales: tuteló sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la salud mental, y ordenó activar los mecanismos institucionales para atender el presunto acoso laboral.
El fallo también advirtió que no era claro si el Comité de Convivencia Laboral había sido activado ni si existían medidas efectivas de prevención y atención. En otras palabras, el problema no parecería limitarse a un conflicto interpersonal, sino que podría evidenciar una falla estructural en la gestión del clima laboral.
Dentro del proceso judicial quedó consignado un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, tratamiento psicológico activo, incapacidad médica y riesgo de afectación tanto a la estabilidad laboral como a la seguridad social de la trabajadora.
Pero este no sería el único caso que actualmente genera preocupación dentro de la institución. Según distintas fuentes, existirían otros procesos en curso relacionados con presuntas vulneraciones laborales. Entre ellos, el de una trabajadora del área de facturación que, tras haber sido reintegrada a su cargo, también habría acudido a instancias judiciales y su situación se encuentra actualmente en trámite.
A esto se suman casos de profesionales que habrían optado por retirarse luego de recibir indemnizaciones para terminar sus vínculos contractuales, incluso en situaciones que —según señalan allegados— involucrarían condiciones de salud que ameritaban especial protección laboral.
Situaciones como estas, aunque avanzan por distintas vías legales y administrativas, vuelven a poner sobre la mesa preguntas de fondo sobre el manejo del clima laboral dentro de la institución.
Dos años atrás, narramos algo similar, al menos 19 profesionales dejaron el hospital en medio de denuncias casi idénticas. Según los comunicados públicos difundidos entonces por el cuerpo médico, el detonante habría sido un presunto acoso laboral por parte del entonces gerente, Jesús Antonio Salamanca Torres. En ese momento también se advirtieron afectaciones a la salud mental del personal, tensiones internas y dificultades operativas dentro de la institución.
Tras el cambio en la gerencia, poco se supo sobre si el ambiente laboral realmente había mejorado. Hasta ahora, cuando vuelven a encenderse las alarmas.
¿Qué pasará? Seguramente nada, en un departamento en donde se multiplican las promesas de salvar la salud pública y abundan los discursos públicos sobre la humanización del servicio, mientras en la práctica muchos profesionales continúan denunciando presiones políticas, inestabilidad contractual, ausencia de garantías y maltrato laboral.
En Boyacá —según múltiples voces del sector— no solo se enfrenta el desgaste propio de un sistema de salud precario. También persiste la sensación de que la continuidad laboral depende, en ocasiones, de silencios, alineamientos políticos o gestos tan simbólicos como dar “likes” en redes sociales o participar en rifas a favor de determinados candidatos.
La politiquería parece haberse instalado en los pasillos hospitalarios mientras la humanidad del sistema, paradójicamente, termina saliendo por la ventana.
El departamento necesita una intervención seria y técnica en su red pública hospitalaria. Necesita transparencia, evaluación independiente del clima laboral, seguimiento real a los comités de convivencia y garantías para quienes denuncian. Pero, sobre todo, necesita gerencias hospitalarias elegidas por criterios de idoneidad y capacidad, no por equilibrios partidistas.
La salud pública no puede seguir administrándose como un botín político.
Tomado de Periódico El Tunjano