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El campo colombiano constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, pues de él proviene una parte esencial de los alimentos que consumimos diariamente. Por esta razón, una de las prioridades de la política del Estado debe ser garantizar la soberanía alimentaria, entendida como la capacidad del país para producir sus propios alimentos y asegurar su disponibilidad para toda la población.
Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿a quiénes les debemos el sustento diario? La respuesta es clara: a nuestros campesinos, quienes trabajan incansablemente para producir los alimentos que llegan a nuestras mesas. Son ellos quienes, a lo largo de la historia, han enfrentado numerosas dificultades, incluido el conflicto armado, cuyas consecuencias han recaído dolorosamente sobre las comunidades rurales. Por ello, ha llegado el momento de reconocer su aporte al desarrollo nacional y reivindicar sus derechos mediante políticas públicas serias, integrales y sostenibles, orientadas a mejorar sus condiciones de vida y a fortalecer la economía campesina y la economía del país en su conjunto.
¿Cómo podemos alcanzar estos objetivos? Mediante la implementación de estrategias socioeconómicas que incluyan subsidios para los insumos agrícolas, pero que vayan mucho más allá de la asistencia económica. Es indispensable proporcionar a los campesinos las herramientas técnicas, financieras, tecnológicas y comerciales necesarias para formular y desarrollar proyectos productivos sólidos, rentables y sostenibles en el tiempo.
Una de las iniciativas más ambiciosas consiste en establecer cuatro zonas francas industriales en el departamento de Boyacá, con una planta de transformación de alimentos en cada una de ellas. Estas instalaciones permitirían procesar las materias primas agropecuarias, agregar valor a los productos y fortalecer las cadenas de producción, transformación y comercialización. De esta manera, sería posible distribuir los productos procesados en los mercados nacionales y, progresivamente, acceder a los mercados internacionales.
La implementación de este proyecto contribuiría a generar empleo en las diferentes regiones del departamento, dinamizar la economía local y mejorar los ingresos de los productores agropecuarios. Asimismo, permitiría fortalecer la capacidad de negociación de los campesinos, reducir la dependencia de intermediarios que encarecen los productos sin generar un valor proporcional para el productor y promover relaciones comerciales más equitativas entre quienes producen, transforman y comercializan los alimentos. Todo ello redundaría en mejores condiciones de vida para las familias campesinas y en un mayor desarrollo económico para Boyacá.
De igual manera, resulta fundamental organizar y consolidar un sistema productivo nacional eficiente, articulado y sostenible, capaz de incrementar la producción y la productividad en los diferentes sectores de la economía. Para lograrlo, es necesario integrar estratégicamente los sectores agropecuario, minero, industrial y manufacturero, entre otros, mediante una planificación que permita aprovechar los recursos del país, fortalecer las capacidades productivas y generar mayor valor agregado.
El fortalecimiento del aparato productivo nacional puede traducirse en mayores ingresos, más oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida para los colombianos. Estos avances contribuirían a crear condiciones favorables para la inversión en sectores esenciales como la salud, la educación, la vivienda y el bienestar social. No obstante, para que el crecimiento económico se refleje efectivamente en el bienestar de la población, es indispensable que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa y que exista una adecuada inversión de los recursos públicos.
En materia de comercio exterior, Colombia debe avanzar hacia un equilibrio sostenible entre las exportaciones y las importaciones, procurando fortalecer su balanza comercial mediante el aumento de las exportaciones de bienes y servicios con mayor valor agregado. Este propósito exige diversificar la oferta exportadora, mejorar la competitividad de las empresas nacionales y reducir las limitaciones estructurales que afectan la producción. Asimismo, es importante fortalecer la capacidad de la economía colombiana para competir en los mercados internacionales, mejorar su productividad y reducir su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones externas. Aunque el fortalecimiento de la producción y de las exportaciones puede contribuir a la estabilidad económica, el valor del peso colombiano frente a otras monedas también depende de factores como la inflación, las tasas de interés, la inversión y las condiciones de los mercados internacionales.
Una de las dificultades históricas del sector agropecuario y de otros sectores productivos ha sido la insuficiente planificación y preparación para afrontar los desafíos derivados de los acuerdos comerciales internacionales. Mientras numerosos países desarrollados cuentan con infraestructura logística, vías de transporte eficientes, capacidad industrial, tecnología avanzada y políticas de apoyo a sus exportaciones, Colombia continúa enfrentando importantes limitaciones en estos ámbitos.
Por consiguiente, es prioritario invertir en la modernización de la infraestructura vial, el transporte de carga, los sistemas de almacenamiento, las cadenas de frío, la transformación industrial y la incorporación de nuevas tecnologías. Estas inversiones permitirían reducir los costos de producción y comercialización, mejorar la competitividad de los productos colombianos y aprovechar de manera más efectiva las oportunidades del comercio internacional.
En conclusión, el desarrollo económico de Colombia debe partir del fortalecimiento del campo, la industrialización de sus materias primas, la articulación de los sectores productivos y la planificación estratégica del comercio exterior. El establecimiento de zonas industriales de transformación agroalimentaria en Boyacá, acompañado de políticas de apoyo al campesinado, inversión en infraestructura y acceso a nuevos mercados, podría convertirse en una oportunidad para impulsar el empleo, aumentar los ingresos rurales y fortalecer la soberanía alimentaria.
El objetivo debe ser construir una economía productiva, competitiva e incluyente, en la que el campesino sea reconocido no solo como proveedor de alimentos, sino también como un actor fundamental en la generación de riqueza, el desarrollo territorial y el bienestar de toda la sociedad colombiana.
𝑷𝒐𝒓: 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑺𝒖𝒂́𝒓𝒆𝒛 – 𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐, 𝒂𝒄𝒂𝒅𝒆́𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒚 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝑬𝒍 𝒁𝒖𝒎𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑷𝒐𝒔𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒂
Tomado de Periódico El Tunjano