Foto: Corpoboyacá
Con plantón exigieron a Corpoboyacá acciones contra la minería ilegal en páramo de Pisba, explicaron en Caracol Radio. El director sostuvo que han realizado en diferentes ocasiones las visitas al páramo de Pisba, sin embargo, necesitan del apoyo de las autoridades para conocer a fondo quién realiza la actividad minera ilegal y quién está comprando el carbón.
Comunidades están dispuestas a cubrir los gastos de desplazamiento de Corpoboyacá para que se adelante el cierre de las minas ilegales en el páramo de Pisba. El director recordó que los patios de acopio deben cumplir con normativas como: contar con una polisombra, debe tener un jarillón, unos canales para que en temporadas de lluvia no termine el material contaminando fuentes hídricas.
Organizaciones y veedurías ambientales de municipios del departamento, realizaron plantón frente a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), exigiendo acciones contundentes para acabar con la minería ilegal que se viene adelantando en el Páramo de Pisba, así como, establecer soluciones a los problemas ambientales que ha causado el relleno sanitario Terrazas del Porvenir.
“Para el caso específico de los acopios, nosotros ya tenemos una resolución firme que establecen cuáles deben ser las características de operación y administración de los mismos, y lo que puedo hacer es comprometerme para que la corporación lo más pronto posible se desplace a los lugares de las denuncias y poder verificar que el ordenamiento jurídico para los patios de acopio estén cumpliendo y el que no cumpla con la normatividad ambiental, deberá ser cerrado a partir de una medida preventiva de cara a la protección de la comunidad y de recurso hídrico”, dijo Herman Amaya.
En medio de la manifestación, la líder social de Socha, Liliana Castellanos señaló que Corpoboyacá envío una circular a la alcaldesa del municipio, Zandra Bernal, donde se le daba viabilidad de cerrar más de 62 socavones ilegales que se sitúan en zona de páramo. “Resaltar que nuestro objetivo fundamental es la protección de los páramos y del recurso hídrico, pero quién tiene la competencia de los procesos de investigación y judicialización de la minería ilegal es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hemos ido, encontramos los socavones, ponemos las medidas preventivas, hacemos los operativos de cierre, pero es la alcaldía municipal y la policía quien tiene a su cargo el proceso de cerrar la minería ilegal y poner en marcha los procesos de judicialización para suspender la actividad minera; nosotros en el marco de nuestra competencias visitamos, emitimos las medidas preventivas que suspenden la actividad, que en la práctica es ir, levantar un acta, hacer un concepto técnico e instalar una cinta amarilla, y un sello con una resolución firmada por la corporación que da paso a un proceso sancionatorio”, afirmó Amaya.
Asimismo, agregó que no hay un avance a las problemáticas ambientales causadas por la minería; “porque, al parecer, la directora territorial de Corpoboyacá de Socha, Diana Botia Bernal con la alcaldesa Zandra Bernal Rincón son familia, son primas hermanas entonces creo que no deja avanzar un proceso muy delicado, porque ellas son conocedoras del problema en los 3 sectores. No hay entidades competentes”, puntualizó.
Ante esta situación, el director de Corpoboyacá Herman Amaya indicó que el año anterior se adelantaron 162 operativos en contra de la minería ilegal. Por su parte, el representante de la veeduría ambiental de Tasco, Pedro Castañeda sostuvo que radicarán un derecho de petición, luego de 4 meses de haberse advertido sobre la reactivación de los socavones en el páramo, y ante la contaminación presente, afirmó que la comunidad está dispuesta a cubrir los gastos de desplazamiento de la corporación para que se adelante el cierre de las minas.
Por Lorena /
Tomado de https://boyacaleinforma.com/