En Paipa, municipio turístico por excelencia en Boyacá, se libró recientemente una batalla que no ocurrió en las calles, ni en las urnas, sino en los juzgados. El alcalde Germán Camacho Barrera, acompañado de su asesora jurídica Alexandra Machuca y el secretario de Gobierno David Camargo, emprendió una ofensiva judicial contra los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, integrantes del medio Amigos de Paipa. Su “delito”: haber informado sobre la demolición nocturna y clandestina de dos casonas coloniales en el centro histórico del municipio.
A través de una tutela, una demanda y un sistemático acoso judicial, la administración de Camacho Barrera intentó censurar la cobertura del hecho. Pretendían que se retiraran las publicaciones de la página de Facebook del medio, se impusieron restricciones y hasta se amenazó con medidas privativas de la libertad. Sin embargo, lo que parecía un avance autoritario en el silenciamiento de voces independientes terminó siendo una derrota para quienes intentaron manipular la justicia con fines políticos.
La Corte Constitucional anuló todo lo actuado por los jueces locales y reconoció lo evidente: que la información publicada era de interés público, legítima y amparada por la libertad de expresión. La demolición de bienes patrimoniales, realizada a espaldas de una decisión judicial que exhortaba al municipio a abstenerse de intervenir el inmueble, era una noticia. Y, como tal, debía contarse.
El fallo de la Corte devolvió el equilibrio. Pero la pregunta persiste: ¿qué clase de democracia permite que un alcalde use el aparato judicial para coartar la libertad de prensa?
Este caso no es aislado. En Tunja se vive un ambiente similar de hostigamiento hacia medios independientes. El concejal Haider Pérez Lizarazo ha respondido con ataques y señalamientos a las críticas que revelan su inasistencia a sesiones, su omisión frente a debates cruciales como el de la moción de censura al gerente de comunicaciones de la Alcaldía, o su cercanía con los intereses del gobierno de turno. En vez de responder con argumentos, opta por el discurso de odio, la estigmatización de periodistas y, en algunos casos, el uso de plataformas de dudosa credibilidad para desinformar y victimizarse.
Estos episodios evidencian una tendencia peligrosa en Boyacá: el uso del poder, del presupuesto y del aparato judicial como herramientas para silenciar al periodismo crítico. El acoso judicial ha comenzado a escalar en frecuencia e intensidad, convirtiéndose en una amenaza latente para la libertad de prensa en una región que históricamente ha estado al margen de prácticas como estas, que podrían escalar a la intimidación o agresión física, como ocurre en el resto del país.
A esto se suma un fenómeno igualmente nocivo: la politización de los medios. Algunos periodistas, en lugar de mantener una distancia crítica con el poder, se convierten en sus aliados, amigos o beneficiarios. Ese acercamiento innecesario y malsano entre política y prensa, propicia que quienes sí ejercen con independencia su oficio se vean más expuestos a la censura, el señalamiento y el aislamiento.
La labor que viene desarrollando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido clave en casos como el de Amigos de Paipa, pero urge que estas organizaciones vayan más allá del litigio, denunciando públicamente a los funcionarios que abusan de su cargo para silenciar. Asimismo, se requiere acción por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que sancione a los abogados que se prestan al juego del poder para atacar la libertad de expresión con demandas temerarias.
Que un periodista tenga que retractarse de algo cierto, por la presión legal de una autoridad, no es otra cosa que censura judicial. Y que concejales o alcaldes se valgan de esa vía para eliminar el disenso o la crítica, es una muestra clara del tipo de democracia que están dispuestos a defender: una en la que se tolera todo, menos la verdad.
Boyacá no puede normalizar el acoso judicial como una estrategia política. De lo contrario, la censura se instalará sin necesidad de represión física.
Los micrófonos no están para aplaudir al poder. Están para vigilarlo. Y cada intento de silenciarlos debe ser respondido con más periodismo, más verdad y más resistencia. Porque si dejamos que el poder defina qué se puede decir y qué no, habremos perdido algo más que una libertad: habremos renunciado a la democracia.
Tomado de: Facebook Periódico El Tunjano