El ejercicio del poder en los periodos de transición suele operar como el más despiadado de los reactivos químicos: revela de inmediato la verdadera sustancia de quien ostenta el cargo. Tras la declaración de nulidad de la elección de Mikhail Krasnov por la violación flagrante al régimen de inhabilidades, la ciudad de Tunja exigía una tregua institucional. El desgobierno entrópico, las maniobras en la sombra y la opacidad administrativa de la administración saliente demandaban un interregno caracterizado por la sobriedad, la reconstrucción contable y el respeto absoluto por el patrimonio público.
El arribo de María Paula Jiménez Gómez como alcaldesa encargada el pasado 5 de mayo de 2026 generó una expectativa legítima en diversos sectores de la ciudadanía y la prensa local. No se trataba de una adhesión ciega ni de un cheque en blanco; era la concesión democrática elemental de permitir gobernar a quien asumía las riendas de un municipio sumido en el caos. Los primeros compases de su gestión parecieron orientarse hacia esa dirección: la apertura al escrutinio mediante un consejo ampliado de gobierno donde convergieron líderes comunales, concejales y periodismo, sumada a la intención manifiesta de fiscalizar el polémico contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías, insinuaban una ruptura con las prácticas del pasado.
Sin embargo, la rectitud en la administración pública no admite matices ni se mide por las intenciones iniciales, sino por la templanza demostrada en los momentos de presión contractual. Con el transcurrir de las semanas, la ilusión de la transparencia cedió ante los imperativos de la vieja política. A medida que se aproximaba el término de su encargo y la jornada electoral de este domingo 26 de julio para elegir al mandatario que completará el cuatrienio 2024-2027, el gobierno interino aceleró el paso, incurriendo en las mismas prácticas opacas que en su momento pretendió cuestionar.
El quiebre definitivo de esta narrativa se gestó en el sistema electrónico de contratación pública mediante el proceso de régimen especial RE-AMT-0052026, amparado en el Decreto 092 de 2017 para convenios de asociación con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), formalizado mediante el Convenio de Asociación Electrónico No. 1270 de 2026 con un plazo de ejecución de 5 meses. La Alcaldía de Tunja estructuró un presupuesto oficial de 14.285.714.286 pesos para la organización de la versión 71 del Aguinaldo Boyacense, dividiendo la ingeniería financiera en dos asignaciones: un aporte directo del erario por 10.000.000.000 de pesos (extraídos en un 81,3% del superávit) y un «aporte en especie» obligatorio a cargo del contratista privado por 4.285.714.286 pesos. Dicho componente privado se condicionó al recaudo exclusivo de la comercialización de boletería (60%), venta de licores en el Estadio La Independencia (20%), zonas de alimentación (10%) y patrocinios (10%) durante los siete días de verbenas. Este proceso fue suscrito con la ESAL Fundación Cultural Solsticio, representada legalmente por Edwin Yesid Barrera Izquierdo.
Resulta inusual y altamente sospechoso dentro de la dinámica institucional que un proceso de esta magnitud fuera cargado a la plataforma Secop II un viernes pasadas las siete de la noche. Para asegurar el control absoluto sobre una bolsa presupuestal tan cuantiosa, el despacho de la Alcaldesa encargada optó por desmantelar el fuero técnico de su propia administración, retirándole las funciones a la Unidad Especial de Contratación Estatal para asumir directamente la ordenación del gasto desde su escritorio personal. Una jugada que la mandataria pretendió escudar bajo la estricta cobija de la ley, pero que en el fondo destila una abrumadora ilegitimidad: usar el papel para revestir de legalidad lo que éticamente constituye un zarpazo de última hora. El resultado de esta maniobra no tardó en quedar en evidencia cuando las propias dependencias técnicas alertaron ante los entes de control la omisión sistemática de las etapas ordinarias de revisión y el brinco consciente a todos los filtros institucionales.
Esta maniobra contractual no estuvo exenta de fracturas internas. La renuncia intempestiva de la arquitecta Maira Jimena González González a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, tras un efímero paso de un mes en el cargo y en coincidencia temporal directa con el cargue de dicho proceso, expuso las tensiones de un gabinete sometido a presiones indebidas. Más grave aún resultó el relevo veloz y el posterior comportamiento del nuevo titular de esa cartera, Santiago Ebed Benavides Flórez, nombrado e instalado en el puesto el pasado jueves 16 de julio. En un giro que raya en lo absurdo, el funcionario excusó su asistencia al Concejo Municipal para socializar la recién creada Guía Turística alegando falta de bagaje debido a su reciente posesión, pero en un lapso de apenas 24 horas sí demostró la suficiente osadía para estructurar y avalar con su firma los pliegos del contrato cultural más cuantioso del municipio, suscribiéndolo curiosamente con una ESAL cuyo domicilio legal está registrado en Sogamoso, municipio con el que el nuevo secretario guarda una estrecha y conocida trayectoria profesional, que valga de paso decir fue la única oferente en este jugoso proceso contractual.
El nivel de cinismo institucional de esta jugada alcanzó su punto cumbre cuando el propio Santiago Ebed Benavides Flórez fue citado nuevamente ante la corporación edilicia a mitad de semana para dar la cara por los severos cuestionamientos del Aguinaldo Boyacense. El secretario evadió el debate y dejó plantados a los concejales y a la ciudadanía enviando una excusa donde afirmaba estar adelantando «reuniones indispensables con los artistas y gestores del sector». Una justificación que se desmoronó en vivo cuando los propios consejeros representativos del gremio cultural de Tunja, presentes en las barras del recinto, tomaron la palabra indignados para desmentirlo públicamente y encarar la cobardía del Secretario: «¿Por qué se está escondiendo? ¿A qué le tiene miedo?». Los cultores locales le cantaron la tabla al denunciar cómo la exigencia caprichosa de certificar empresarios o firmas que hubiesen contratado previamente artistas ganadores de premios Grammy liquida la libre competencia, cómo se paralizan las convocatorias municipales y cómo el funcionario huye deliberadamente al control político y social bajo la premisa de que en cuestión de días entregará el cargo.
Toda esta maniobra buscaba amparar unos pliegos que padecen de profundos vicios de planeación y un evidente direccionamiento: aforos arbitrarios de mínimo 35.000 personas, cartas de disponibilidad obligatorias con nombre propio para contrataciones con Pipe Bueno, The Mills, Sin Ánimo de Lucro, Paola Jara y Fruko y sus Tesos, e incluso un insólito «copy-paste» que otorga puntaje a un «intérprete de señas para eventos deportivos» en medio de las especificaciones de un certamen cultural y musical. Todo esto para comprometer 7.676 millones de pesos en la parrilla principal, 1.486 millones en montaje escénico (exigiendo consolas GrandMA3, sistemas L-Acoustics K2 y cámaras Blackmagic), 1.152 millones en 14 carrozas y 760 millones en un equipo logístico de 250 personas diarias.
A este episodio se suma la consumación del contrato para la celebración del Día del Campesino (el Convenio de Asociación Electrónico No. 1269 de 2026) por un monto de 821.640.000 pesos. Cargado de forma atípica un sábado por la tarde bajo el proceso RE-AMT-0062026, el contrato fue adjudicado este viernes 24 de julio a las 4:00 p.m. a la Fundación Gaia Solidaria (NIT 901232690-6), representada legalmente por Gilber Adelson Patiño Pérez, estableciendo la ejecución de las festividades para el sábado 25, exactamente a menos de 24 horas de la apertura de las urnas. Si la administración o el contratista pretenden sostener la transparencia del trámite, habría que asumir que estamos ante un prodigio de la eficiencia logística universal: una entidad capaz de adquirir, empacar, transportar y fiscalizar en cuestión de horas la entrega de 4.200 picas y palines ($441.000.000), 4.200 almuerzos de picada tradicional ($180.600.000), tarimas, grupos de música carranguera ($60.000.000) y decenas de electrodomésticos para concursos (machetes, licuadoras, estufas, bicicletas). La realidad sugiere una conclusión mucho más terrenal y ruin: un proceso preordenado donde el contratista ya tenía el inventario comprado antes de la firma del papel.
Si bien la conmemoración del sector rural es un deber institucional que contrasta con las humillaciones del gobierno anterior, recordado por regalar frazadas infantiles y raciones alimentarias deficientes; resulta éticamente reprochable que la contratación se ejecute en la víspera de las elecciones atípicas. Aunque la norma no lo prohíba de forma explícita bajo la modalidad de régimen especial, la utilización de un evento masivo financiado con recursos públicos al filo de la contienda electoral deja la amarga e inconfundible sensación del proselitismo oficial.
El fenómeno se profundiza al observar el incremento vertiginoso en la firma de órdenes de prestación de servicios (OPS) y nombramientos en provisionalidad durante la última fase del encargo. Si bien la adición de recursos vía superávit justificaba la necesidad de dotar de personal a secretarías paralizadas por la negligencia de la administración saliente, la concentración masiva de estas contrataciones en la víspera de los comicios atenta contra el principio de neutralidad y prudencia que debe regir a un mandato transitorio. La potestad de proveer dichos cargos debió diferirse a la administración entrante, evitando suspicacias sobre el uso del aparato estatal con fines de clientelismo político.
En este escenario de degradación institucional, tampoco resulta loable el papel de ciertos actores administrativos que hoy pretenden erigirse como fiscalizadores morales. Las denuncias e informes presentados por la Directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, filtrados a los medios de comunicación, responden más a un cálculo de oportunidad política y despecho por la pérdida del control de los procesos que a una genuina vocación de servicio público. El oportunismo de quien denuncia las irregularidades que antes avaló o toleró degrada aún más el debate ciudadano.
El balance de este mandato interino es profundamente desalentador. Una funcionaria joven, de 26 años, llamada a encarnar el relevo generacional y la pulcritud técnica, terminó cooptada por los vicios estructurales de la politiquería local. Esta recurrencia en el desacierto alimenta la apatía democrática de una ciudadanía exhausta, tentada a asumir que cualquier alternativa de gobierno conducirá irremediablemente a la defraudación del tesoro público.
Frente a este panorama, la abstención no es una salida viable. La respuesta de la sociedad civil no puede ser el repliegue, sino la apropiación decidida de las herramientas constitucionales y legales. El ejercicio democrático no se agota en las urnas ni en la elección entre opciones abiertamente cuestionables como el continuismo del proyecto de Krasnov en cabeza de Sandra Estupiñán. La ciudadanía activa debe hacer uso de las acciones populares, los derechos de petición y las acciones de tutela para ejercer un control de gestión implacable sobre la administración entrante, y sobre cualquier otra, pues ya está visto que políticos tradicionales, outsiders, o alcaldes encargados recién egresados, están cortados por la misma tijera, y lo único que queda a la mano a la ciudadanía son los recursos que establece la Constitución Política para hacer valer los derechos pisoteados por quien disfruta de las mieles del poder.
Tomado de Periódico El Tunjano