Aún está fresco en la memoria institucional de la ciudad el penoso espectáculo de aquella sesión en la que el Partido Verde, en pleno contubernio con la administración del destituido exalcalde Mikhail Krasnov, llevó al recinto del Concejo Municipal de Tunja a una Procuradora Regional de bolsillo. Aquella funcionaria no acudió para fiscalizar el destino de los recursos públicos ni para vigilar la transparencia de la contratación estatal, sino para amedrentar a los concejales de oposición. Con tono admonitorio, les advirtió a los cabildantes que la forma en que se referían a los secretarios o el rigor de sus intervenciones podía ser motivo suficiente para abrirles expedientes disciplinarios. Para perseguir la discrepancia política y fiscalizar el tono del discurso de la oposición, los entes de control despliegan una diligencia pasmosa; sin embargo, esa firmeza institucional se transforma en una cobardía cómplice cuando se trata de investigar y sancionar las mentiras descaradas pronunciadas por funcionarios y contratistas en el mismo recinto.
Esa pasividad resulta incomprensible frente a la dimensión del engaño al que fue sometida la ciudad y que consta en las grabaciones y actas de la propia corporación. En medio del debate de control político que se hizo hace unos meses a las dependencias a cargo del Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, el representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías (EDT), Nicolás Tavera, sostuvo sin sonrojo ante los cabildantes y los líderes de las juntas de acción comunal que el Municipio de Tunja no les había girado un solo peso y que las escasas obras en marcha se financiaban con recursos propios de la entidad antioqueña. Una falsedad monumental desmentida por los comprobantes de egreso de la Tesorería Municipal de Tunja cargados en el Secop II, los cuales certifican el desembolso de un anticipo del 95%, equivalente a $14.337 millones, ejecutado desde diciembre de 2025. En esa misma sesión, la entonces directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, aseveró ante la corporación que el dinero permanecía resguardado en una cuenta bancaria del municipio rindiendo intereses. Otra mentira probada: la plata ya había salido de las arcas municipales y jamás produjo rendimiento alguno para la ciudad.
Para colmo de cinismo, la indignación revive ahora tras lo ocurrido esta semana en el Concejo Municipal de Donmatías. Hasta esa corporación acudió el gerente de la EDT, Nicolás Tavera, citado a control político para rendir cuentas sobre las actuaciones de la entidad pública que dirige. En lugar de asumir la inoperancia técnica de la empresa del municipio antioqueño, Tavera armó una cortina de humo pretendiendo justificar la parálisis de las obras en Tunja como si fuera el resultado de una escaramuza política ajena a su gestión.
En su libreto de pretextos ante los cabildantes de su municipio, el funcionario sostuvo que la EDT terminó convertida en una víctima o en un «caballito de batalla» atrapado en medio de una supuesta pelea entre el exalcalde Krasnov y el gobernador Carlos Amaya. La coartada es falaz de principio a fin. Krasnov y Amaya caminaron de la mano durante buena parte de esa administración, y pretender convencer hoy a la opinión pública de que la EDT es una simple víctima política es un recurso burdo para eludir la responsabilidad institucional por el incumplimiento de un contrato de $15.000 millones. Esas disculpas ante su corporación local se suman al informe tramposo que Tavera le entregó el pasado 10 de agosto a la concejal de Donmatías, Yudy Marcela Peña Correa, en el que reportaba un avance del 62% en vías y del 48% en salones comunales, cifras infladas que riñen frontalmente con la realidad en los barrios de la capital boyacense.
Toda esta maniobra de desinformación busca ocultar el desastre técnico que la Secretaría de Infraestructura de Tunja ya ha certificado en sus informes oficiales. La radiografía con corte a julio de 2026 demuestra que, habiéndose consumido el 74,33% del tiempo total del Contrato 1767 de 2025, el avance físico consolidado apenas llega al 37,38%. De los 81 tramos viales, 34 ni siquiera han iniciado intervención física y los 30 que figuran como terminados carecen de recibo a satisfacción. En salones comunales la ejecución se frenó en el 36,96% con 11 frentes abandonados, mientras que la adecuación de parques registra un absoluto 0% por fallas en los estudios técnicos. A menos de un mes y diez días de que venza la prórroga fijada para el próximo 30 de septiembre de 2026, la parálisis de las obras en los barrios de la capital boyacense es total.
Mentir premeditadamente en una citación de control político ante un Concejo Municipal vulnera de forma directa el principio constitucional de moralidad administrativa (Art. 209 de la Carta Política) y constituye una falta grave contra los deberes de veracidad consignados en los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019 (Código Único Disciplinario).
Las pruebas que imponen la vinculación formal de la Contraloría Municipal, la Contraloría General de la República, la Personería Municipal de Tunja y la Fiscalía General de la Nación no son abstractas: reposan en el audio y la grabación oficial de la sesión del Concejo de Tunja, en las actas de la sesión, en los comprobantes de egreso de la Tesorería de Tunja visibles en el Secop II y en la solicitud formal de declaratoria de incumplimiento sancionatorio radicada por la Secretaría de Infraestructura el pasado 17 de junio de 2026.
Si las instancias de control en Tunja consideran que no tienen competencia directa para procesar a Nicolás Tavera por ser directivo de un ente descentralizado de Donmatías, la ley les impone el deber obligatorio de compulsar copias y notificar inmediatamente a sus superiores jerárquicos para que la Procuraduría Provincial competente, la Contraloría General y la Fiscalía abran los respectivos expedientes. Guardar silencio o engavetar estas evidencias convierte a los funcionarios de control en cómplices por omisión de denuncia (Art. 417 del Código Penal). La apertura de procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal contra Nicolás Tavera y Luzmila Acevedo Galán es una obligación legal ineludible antes de que el vencimiento del contrato el 30 de septiembre selle la impunidad de este despojo a las finanzas de Tunja.
Tomado de Periódico El Tunjano