El informe preliminar de auditoría de cumplimiento notificado por la Contraloría Municipal de Tunja sobre el Convenio Interadministrativo 972 de 2025 puso bajo la lupa el esquema de cobro y administración de los ingresos generados por la venta de entradas, zonas VIP y palcos en la Plaza de Bolívar durante el Aguinaldo Boyacense 2025. La evaluación del equipo auditor determinó que la totalidad del dinero pagado por la ciudadanía para ingresar a los espectáculos en el principal escenario público de la capital boyacense no ingresó a las cuentas de la Alcaldía, hecho que motivó la asignación de una presunta incidencia penal por el delito de peculado por apropiación, sumada a una responsabilidad fiscal y disciplinaria por 2.294.586.119 pesos.
El punto central de la investigación fiscal radica en las normas que rigen las finanzas del municipio de Tunja. Por tratarse de un evento realizado en un bien de uso público perteneciente a la ciudad, la legislación contable y presupuestal de Colombia establece que la totalidad de los recursos recaudados en taquilla constituye una renta municipal. Bajo el principio de unidad de caja, dichos dineros deben ingresar de forma obligatoria y directa al Tesoro Municipal antes de realizar cualquier pago de producción o logística. La ley prohíbe que una administración ceda o entregue la recaudación a particulares o entidades intermediarias para que estos dispongan del dinero o cancelen cuentas por su propia cuenta sin el debido registro en el presupuesto del municipio.
El expediente oficial detalla que la administración municipal entregó la organización general de las actividades al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, entidad que a su vez subcontrató la operación logística de los conciertos con terceros privados. Para justificar el manejo del dinero, las partes aplicaron la figura de «contraprestación en especie», mediante la cual los operadores retuvieron de forma directa 988,2 millones de pesos de las ventas para cubrir un excedente de pago para el artista Nicky Jam por 320 millones de pesos, coordinadores logísticos por 137,1 millones, cerramientos y muros de contención por 172,9 millones, pirotecnia por 55,8 millones, baños químicos por 62,4 millones y alimentación para camerinos por 32 millones de pesos. La Contraloría Municipal objetó legalmente este mecanismo al advertir que los ejecutores privados no podían administrar ni gastar rentas de la ciudad para financiar la operatividad interna del propio espectáculo sin que el dinero pasara por la contabilidad oficial de Tunja, omitiendo el control directo sobre 2.294 millones de pesos.
La gravedad del modelo queda expuesta al contrastar las verificaciones en campo del organismo de control con los reportes oficiales expedidos por la propia administración municipal. En respuesta a un derecho de petición presentado por Periódico El Tunjano, el entonces secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja, Juan Pablo Pérez Espitia, certificó mediante documento firmado en febrero de 2026 que el recaudo total por concepto de taquilla y palcos en el Aguinaldo Boyacense ascendió a 1.550.352.119 pesos, de los cuales solo 155 millones se reportaron como pago de contribuciones parafiscales e impuestos a espectáculos públicos. Sin embargo, la inspección contable realizada por los auditores determinó que el cobro real efectuado a los asistentes en la Plaza de Bolívar alcanzó los 2.294.586.119 pesos, dejando al descubierto un desfase de 744.234.000 pesos entre lo certificado por la dependencia municipal a este medio de comunicación y las cifras del expediente auditado.
La administración municipal dispone del término fijado por el órgano de control fiscal para presentar los descargos, soportes contables y aclaraciones jurídicas correspondientes. Una vez evaluadas las respuestas de la entidad auditada, la Contraloría Municipal de Tunja determinará si confirma, modifica o archiva las observaciones con presunta incidencia penal y fiscal en la consolidación de su informe final.
Tomado de Periódico El Tunjano